Hoy, 3 de diciembre, celebramos como cada año el Día Internacional de las Personas con Discapacidad desde el convencimiento de que la diversidad debe ser un pilar fundamental en nuestra sociedad, que debe ser capaz de abastecer a sus miembros de todas las herramientas tecnológicas, científicas y sociales que sea posible a fin de potenciar sus capacidades y minimizar sus problemáticas.
Este año lo hacemos en una época de pandemia en que la búsqueda de una solución al Covid-19 no nos puede hacer olvidar otras problemáticas de carácter social, que parecen haber quedado escondidas en un oscuro segundo plano para los gestores públicos.
De esta manera, seguimos reivindicando que la fase de reanudación debe contar con todo el mundo y atender todas las necesidades, sin que la improvisación que a día de hoy parece guiar las actuaciones de las diferentes administraciones públicas detenga la implementación de mejoras en el ámbito de la accesibilidad.
En particular, en los próximos meses veremos cómo entra en vigor el Real Decreto que hace obligatoria la accesibilidad de todas las páginas web y las app del sector público. Lo apoyamos y seguiremos bien de cerca su aplicación, pero al mismo tiempo seguiremos insistiendo para que se obligue también a todo el sector público a garantizar que el 100% de las aplicaciones, programas y plataformas del back office sean totalmente accesibles para todos los trabajadores públicos.
Igualmente, y para toda la ciudadanía, se velará por que el acceso a la administración electrónica y, en particular, a la firma electrónica, sea intuitiva, fácil y accesible. No se puede aislar a los ciudadanos de estos avances en materia de tramitación, ya que de estos a menudo depende el acceso a determinados derechos.
Por otra parte, en el ámbito comunicativo, seguimos reivindicando mayores y mejores contenidos con accesibilidad, lengua de signos y subtitulación para sordos; no sólo para televisiones sino también, y especialmente, a las plataformas a demanda.
Y es que no habrá inclusión social si no hay diseño universal ni acceso a los contenidos que generan interacción social. Por todo ello, creemos necesario manifestar que:
- La lucha global y compartida contra la COVID- 19 no nos puede hacer olvidar ni dejar de reivindicar la lucha por la accesibilidad a nuestra sociedad.
- Es inadmisible que a día de hoy ni las webs ni las aplicaciones utilizadas por el sector público sean totalmente accesibles, ni por los ciudadanos ni por los trabajadores públicos.
- El contenido accesible a las plataformas audiovisuales es casi inexistente. Dificulta el acceso al ocio de las personas con diversidad funcional y, por tanto, no podemos más que seguir reclamando que legalmente se exijan unos mínimos en cuanto a calidad y cantidad de estos contenidos.
Barcelona, 3 de diciembre de 2020